Porfirio Lobo, Wilfredo Cerrato, el extraditado Juan Hernández y otros 5 exfuncionarios acusados por UFERCO por fraude, lavado de activos y otros delitos
UFERCO Acusa a Expresidentes Hernández, Lobo y Otros Exfuncionarios en Caso Pandora II
Honduras. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) ha presentado un requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, incluyendo a los expresidentes Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa. Ambos exmandatarios enfrentan acusaciones de fraude, mientras que Hernández Alvarado también se le imputa el lavado de activos, involucrando una suma que supera los 62 millones de lempiras. Este desarrollo marca una ampliación del conocido caso Pandora.
Además de los expresidentes, la acusación incluye al ex titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, acusado de fraude. Asimismo, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit, los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de presupuestos de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona, y el exgerente financiero de BANADESA, David Eduardo Ortiz Hawit, enfrentan acusaciones por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
El caso se centra en la supuesta conformación de una red de corrupción entre los años 2010 y 2013, en la que los exfuncionarios habrían participado en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras. Estos desembolsos se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista a través de varias instituciones gubernamentales, incluyendo el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y BANADESA.
El expresidente Hernández Alvarado está implicado en el presunto beneficio obtenido a través de estos desembolsos, que se utilizaron para financiar su campaña política, involucrando prácticas como la creación de empresas ficticias, prestanombres y contratos ficticios. Estos fondos públicos se canalizaron a movimientos políticos, como «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», y a la sociedad mercantil «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
El expresidente Lobo Sosa autorizó las ampliaciones presupuestarias que facilitaron los desembolsos a las fundaciones involucradas. Las investigaciones de la UFERCO también señalan que Wilfredo Cerrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras destinados a la fundación Todos Somos Honduras.
La UFERCO tiene previsto solicitar la citación de algunos imputados, así como emitir órdenes de captura y alertas migratorias contra otros. La presentación del requerimiento fiscal se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a la condición de Hernández Alvarado, quien asumió el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano después de su mandato presidencial.
