Adiós al Título 42, pero no a los obstáculos migratorios / DW
(Deutsche Welle) Tensión y esperanza entre los migrantes poco antes de que deje de aplicarse el Título 42, una medida con la que EE. UU. ha llevado a cabo más de dos millones de expulsiones.
América Latina es una región en perpetuo movimiento, en la que los asuntos relacionados con los migrantes cobran regularmente protagonismo mediático, y en la que, según datos de la OIM (Organización Internacional de las Migraciones), se ha producido el mayor aumento mundial de la migración internacional en los últimos años: desde los 8,3 millones de personas en 2010 hasta los 16,3 en 2022.
El actual foco informativo se encuentra en un lugar clave: la frontera entre México y Estados Unidos. El 11 de mayo de 2023 a las 23:59, hora de Washington D.C., queda inactivado el restrictivo Título 42 que Trump aplicó durante la pandemia, y que hacía prácticamente imposible pedir asilo en EE. UU.
Nuevos obstáculos
La tensión aumenta en la frontera a medida que se acerca el levantamiento de la norma sanitaria que ha sido utilizada, según datos oficiales, 2,8 millones de veces desde su entrada en vigor, en marzo de 2020. En previsión de una situación «caótica», el presidente Joe Biden cuenta con 24.000 agentes en la frontera con México para atender a los migrantes que tomen «vías legales» para entrar al país y expulsar al resto.
Pero las esperanzas de la gente ante el fin del Título 42 van a tropezar con otras piedras. Para empezar, la más básica: las leyes vigentes, que consideran ilegal en el país a quien llegue por los cruces irregulares. Además, un nuevo reglamento entra en vigor el jueves (11.5.2023), según el cual, solo podrán acceder al asilo quienes lo hayan solicitado en otro país y se les haya negado.
Quien cruce la frontera tendrá que demostrar que pidió asilo en México y se le rechazó para poder ingresar en EE. UU. y solicitarlo ahí. Si no lo hace, esa persona será puesta en un proceso de deportación, y será expulsada a México o a otro país», explica a Deutsche Welle Ariel Ruiz, experto del think tank con sede en Washington Migration Policy Institute. Cabe recordar que las personas expulsadas tienen prohibida la admisión en Estados Unidos durante al menos cinco años y pueden enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente…
