Fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, determinado a enjuiciar y encarcelar a todos los autores intelectuales del asesinato de ambientalista Berta Cáceres
Honduras. En una actualización crucial del caso que involucra el trágico asesinato de la líder ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores, el Ministerio Público de Honduras ha presentado un requerimiento fiscal con orden de captura contra un recién identificado implicado. El caso no está cerrado, indicó el Ministerio Público, en un comunicado.
Las investigaciones, intensificadas en las últimas semanas, revelaron pruebas contundentes que permiten señalar la responsabilidad penal de esta persona en la planificación y ejecución del crimen. El Ministerio Público no ha rebelado de forma oficial la identidad de este nuevo imputado, pero fuentes extraoficiales e incluso medios internacionales como The Guardian , señalan que podría tratarse de un poderoso empresario y mencionan a Daniel Atala Midence. https://www.theguardian.com/world/2023/dec/02/honduras-arrest-warrant-issued-over-of-activist-berta-caceres
Este trágico suceso está directamente relacionado con los intereses de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en el territorio ancestral del pueblo indígena lenca, específicamente en torno al río Gualcarque.
El asesinato de Berta Cáceres tuvo lugar el 3 de marzo de 2016, y las pruebas recopiladas incluyen el análisis meticuloso de comunicaciones entre el nuevo implicado, David Castillo, y Douglas Geovanny Bustillo, quien ya enfrenta condena. Estas conexiones también involucran a otros perpetradores ya condenados.
La primera condena en este caso se dictó en noviembre de 2018, abarcando a figuras como Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez. Todos fueron declarados culpables por el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y el intento de asesinato de un testigo protegido.
En junio de 2022, Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de DESA, recibió una sentencia de 22 años y seis meses de reclusión.
A pesar de estas sentencias, el caso sigue abierto, y se cerrará hasta que todos los autores materiales e intelectuales paguen por el deleznable crimen. Con esta nueva orden de captura, se espera un avance significativo en la búsqueda de justicia en este caso de alto perfil.
