Informe policial apunta al entorno íntimo del ex presidente Juan Orlando Hernández por el asesinato de una fiscal hondureña / INFOBAE
(INFOBAE) El estado mafioso que dirigió el ex mandatario también asesinó a agentes que investigaron la infiltración del narcotráfico en la intimidad de la alta política.
(INFOBAE) A la agente fiscal Sherill Yubissa Hernández Mancía la mataron el 11 de junio de 2018 en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras. Durante meses, el Ministerio Público intentó hacer pasar la muerte como un suicidio, cuyas causas, dijeron las autoridades fiscales, fueron problemas económicos y amorosos. La investigación forense desmintió esas versiones y certificó que a Hernández Mancía la habían matado. Un informe de inteligencia policial, en poder de Infobae, revela ahora que los principales sospechosos de ser autores intelectuales de este crimen son el ex alcalde narco Alexander Ardón y Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del ex presidente Juan Orlando Hernández y quien fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por delitos de narcotráfico.
En sus declaraciones, anexas a los procesos judiciales contra los hermanos Hernández, Ardón acepta que traficó unas 250 toneladas de cocaína mientras fue uno de los capos que controló las rutas del occidente hondureño y dice que, de esas, unas 40 toneladas las movió en complicidad con Tony Hernández, el hermano del presidente, entre 2010 y 2019. Cuando, el 7 de octubre de 2019, los fiscales en Nueva York lo interrogaron en la corte que juzgaba a Tony Hernández, Ardón también confesó, sin alzar la voz, que había matado o mandado a matar a 56 personas en Honduras. El ex alcalde no mencionó el nombre de la agente fiscal Sherill Yubissa Hernández, pero la policía hondureña está segura de que la mujer es parte de esa lista.
Un informe reciente de la inteligencia policial hondureña, al que Infobae tuvo acceso, confirma que la muerte de Hernández Mancía fue un homicidio y apunta a que el móvil del crimen fue detener las investigaciones en las que la agente fiscal estaba embarcada en 2018, las cuales involucraban a narcotraficantes cercanos a Juan Orlando Hernández, entonces presidente de Honduras, entre ellos a Alexander Ardón. Un alto funcionario del gobierno de Xiomara Castro y un oficial de inteligencia policial confirmaron los contenidos del informe; ambos hablaron desde el anonimato por no estar autorizados a hacerlo en público. Infobae también confirmó los contenidos del informe con un diplomático estadounidense que conoce de cerca la situación política hondureña.
Cuando la mataron, Hernández Mancía tenía 28 años. Meses antes, a inicios de 2018, había sido trasladada de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, a Santa Rosa de Copán, donde fue nombrada jefa de una unidad de investigaciones especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público. La ATIC fue creada en 2014 para investigar “delitos graves y de fuerte impacto social”.
Cuando fue asesinada, a mediados de junio de 2018, Hernández Mancía dirigía en una investigación que tocaba al poder más importante de Honduras, el del narco aliado con la presidencia de Juan Orlando Hernández, aunque ni ella ni el país lo sabían entonces.
Las investigaciones que emprendió en Santa Rosa de Copán, capital departamental de Copán, en el occidente hondureño, llevaron a la agente fiscal hasta las puertas de la alcaldía de El Paraíso, el pueblo que aún funcionaba como una de las capitales del narcotráfico en la zona fronteriza con Guatemala.
Sherill Hernández fue al palacio municipal de El Paraíso a decomisar documentos de la alcaldía como parte de una investigación contra Alexander Ardón, el narcotraficante que había sido alcalde de El Paraíso entre 2006 y 2014 y en 2018 seguía moviendo los hilos en el palacio municipal a través de uno de sus hijos y otros socios. Ardón se entregó a agentes estadounidenses en Guatemala en marzo de 2019 y fue acusado, en Nueva York, de conspiración para el trasiego de cocaína y de uso ilegal de armas largas; su testimonio fue uno de los más relevantes en el caso que terminó, en 2021, con la condena de Tony Hernández.
“Chande fue el alcalde a quien Sherill Hernández le decomisó en su alcaldía muchos documentos… y él y Tony la mandan a desaparecer”, dijo a Infobaeuno de los funcionarios hondureños consultados.
El asesinato de la agente Hernández Mancía generó una controversia pública entre las autoridades del MP y la mujer que dirigía entonces la Dirección Nacional de Medicina Forense, la doctora Julissa Villanueva, quien en la actualidad es la viceministra de seguridad en el gobierno de la presidenta Castro, y en 2018 fue separada de su cargo por negarse a aceptar la versión del suicidio que defendían funcionarios cercanos a Juan Orlando Hernández, como el fiscal general.
Óscar Chinchilla, el fiscal general de Honduras, y Ricardo Castro, el jefe de la ATIC y jefe de la agente Hernández Mancía cuando ella fue asesinada, se apresuraron a decir que la mujer se había suicidado. La doctora Villanueva, amparada en los informes forenses que ella realizó y supervisó, en el estudio de la escena del crimen y en los testimonios de peritos que estuvieron presentes cuando se levantó el cadáver de la agente fiscal en Santa Rosa de Copán, sostuvo siempre su versión. El 3 de julio de 2018, menos de un mes después de la muerte de Hernández Mancía, Julissa Villanueva estableció en su autopsia la causa de la muerte: “Homicidio”, dice en negrita.
“No nos queda ninguna duda; esto es una muerte violenta de tipo homicida desde el punto de vista médico legal”, declaró Villanueva a la prensa una semana después del asesinato. “No es un suicidio y amerita una investigación fehaciente”. El nuevo informe de la policía de Honduras, que según un investigador estadounidense consultado ya está en manos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), confirma la versión del asesinato y arroja más dudas sobre la actuación del fiscal general Chinchilla y de Ricardo Castro, el jefe de la ATIC…
