Juan Orlando Hernández pide al juez Castel que aplace su juicio por narcotráfico 45 días porque tiene que revisar demasiadas evidencias presentadas por la Fiscalía y solicita un defensor público en su equipo
JUICIO DE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ: SOLICITUD DE APLAZAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO
En una desesperada movida legal, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ha presentado una solicitud al juez Castel el 10 de enero de 2024, buscando aplazar su juicio por narcotráfico por 45 días. Esta solicitud, presentada por su defensa, liderada por el abogado Raymond Colón, apunta a la necesidad de revisar exhaustivamente la abundante evidencia presentada por la Fiscalía, simplemente son demasiadas evidencias las que ha presentado el Gobierno de EE. UU. y no las han podido revisar.
En primer lugar, Colón fundamenta la petición de prórroga en razones de salud, solicitando un período adicional para prepararse ante la amplia documentación que, según afirma, se ha presentado tardíamente. En su solicitud, el abogado especifica la necesidad de una extensión de 30 a 45 días para permitir un análisis meticuloso de los elementos probatorios.
De manera adicional, Juan Orlando Hernández ha dirigido una carta al Juez Castel expresando sus inquietudes y solicitando dos medidas específicas. En primer lugar, ante la carga adicional de material gubernamental recibido a finales de diciembre y la perspectiva de más presentaciones por parte del Gobierno, Hernández argumenta que la defensa carece de los recursos necesarios para revisar exhaustivamente toda la información en su contra.
Como respuesta a este desafío logístico y financiero, el expresidente solicita el nombramiento de un abogado de la defensa pública por parte de la corte para reforzar su equipo legal.
En segundo lugar, Hernández solicita un aplazamiento del juicio por siete semanas adicionales, con el objetivo de permitir un tiempo suficiente para prepararse adecuadamente junto a la defensa adicional.
La presentación de esta solicitud plantea interrogantes sobre el impacto que podría tener en el cronograma del juicio, así como en la percepción pública del proceso legal. El Juez Castel deberá considerar cuidadosamente estos argumentos antes de tomar una decisión.
