Ministerio Público de Honduras apela la decisión del Poder Judicial que benefició y dejó «libres de culpa» al expresidente Porfirio Lobo y otros exfuncionarios por el multimillonario fraude del caso Pandora II
Honduras. Tegucigalpa, Francisco Morazán – El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), ha interpuesto un recurso de apelación con el objetivo de revocar el sobreseimiento definitivo y emitir un auto de formal procesamiento contra el expresidente Porfirio Lobo Sosa por el delito de fraude.
En el mismo recurso, se solicita a la Corte de Apelaciones designada que dicte auto de formal procesamiento por fraude al ex titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, quien hasta ahora solo ha sido procesado por violación a los deberes de los funcionarios.
Asimismo, se busca que se revoque el sobreseimiento por fraude otorgado al exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit; la exgerente administrativa de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera; y el director de presupuesto de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona.
En cuanto al exgerente administrativo de SEFIN, James Aldana Medina, se ha dictado auto de formal procesamiento por fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
El caso se centra en la presunta participación de altos exfuncionarios entre los años 2010 y 2013 en una red de corrupción que habría facilitado la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde instituciones como el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y BANADESA.
Según la investigación de la UFERCO, el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado (actualmente bajo proceso en Estados Unidos por delitos de crimen organizado) habría obtenido beneficios de estos desembolsos para financiar su campaña política, al recibir al menos 62 millones de lempiras a través de artificios como la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios. Estos fondos públicos habrían llegado a movimientos como «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», así como a la sociedad mercantil «La Cachureca» y a sus gerentes de campaña departamentales.
Todas las ampliaciones presupuestarias habrían contado con la participación directa del expresidente Lobo Sosa, quien autorizó el traslado de fondos entre secretarías para facilitar los desembolsos a las fundaciones.
Además, se ha determinado que Wilfredo Cerrato aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras desde la Secretaría de Finanzas para la fundación Todos Somos Honduras.
Un octavo coimputado, al no comparecer a la audiencia de declaración de imputado, tiene una orden de captura en su contra.
Cabe destacar que el requerimiento fiscal se presentó en la Corte Suprema de Justicia debido a la condición del expresidente Hernández Alvarado, quien, días después de dejar su cargo, fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, una condición que aún mantiene.
