Ministerio Público de Honduras emite requerimiento fiscal contra juez que ordenó en exceso de sus facultades cerrar caso de corrupción en INFOP que involucraba a David Chávez y otros exfuncionarios del Gobierno anterior
MP formula requerimiento fiscal contra juez implicado en caso de corrupción en INFOP
Tegucigalpa, Francisco Morazán. – El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEEFSSJ), ha presentado un requerimiento fiscal contra el juez ejecutor Edgardo Enrique Rivera Argueta. Este enfrenta acusaciones por presuntos delitos de prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos, en detrimento de la administración de justicia y la fe pública.
El Ministerio Público sostiene que el juez Edgardo Rivera excediendo sus facultades, dio la orden imperativa de cerrar un expediente judicial sobre una denuncia contra varios investigados, que suscribieron un contrato millonario que presuntamente defraudó al Estado de Honduras.
Entre los investigados estaban el exmagistrado de la Corte Suprema, José Rodríguez Vásquez; David Guillermo Chávez Madison; Mario Alejandro Calderón Maldonado; y Ángel Armando Aguiriano Cerrato.
La acción legal surge a raíz del Recurso de Amparo N°. SCO-0937-2016, presentado el 10 de octubre de 2016 por el abogado Walter Enrique Pineda Paredes. Este recurso, a favor de José O. Rodríguez Vásquez, cuestionaba actuaciones del Ministerio Público vinculadas a una solicitud de nombramiento y juramentación de peritos ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.
La solicitud buscaba analizar un documento proporcionado por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en relación con una denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). La denuncia involucraba a Ángel Armando Cerrato, Magaly Bustillo Streber, José Antonio Elvir Vásquez y José O. Rodríguez. Este último ostentaba, en ese momento, la calidad de alto funcionario del Estado al ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Amparo el 22 de noviembre de 2018, considerando la vulneración del debido proceso. Posteriormente, el 05 de febrero de 2020, emitió una aclaración de sentencia. Sin embargo, en ningún momento ordenó al Ministerio Público cerrar la denuncia, a diferencia de la instrucción dada por el ahora imputado a la Fiscalía Especial Para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) el 24 de octubre de 2023.
El Ministerio Público sostiene que la orden imperativa de cerrar el expediente por parte del Juez Edgardo Enrique Rivera Argueta excede sus facultades, según lo estipulado en las sentencias relacionadas. El análisis de la sentencia de amparo y su aclaración indica que la sala se refiere a cuestiones de competencia, estableciendo que el Tribunal Superior de Cuentas debe investigar los delitos señalados por el MP. La sentencia no hace mención de cerrar la denuncia contra los investigados, entre ellos José O. Rodríguez Vásquez, David Guillermo Chávez Madison, Mario Alejandro Calderón Maldonado, y Ángel Armando Aguiriano Cerrato, quienes suscribieron un contrato millonario que presuntamente defraudó al Estado de Honduras.
