Ministerio Público obtiene sentencias condenatorias de 15 años y multas millonarias contra individuos ligados a la extorsión en el Valle de Sula
Honduras. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de la Fiscalía Regional del Norte anunció sentencias condenatorias contra individuos vinculados al «cobro del impuesto de guerra» a negocios y al sector del transporte en la zona Metropolitana del Valle de Sula.
Uno de los condenados es Francisco Serrano Flores, quien recibió una pena de 15 años de reclusión y una multa de 10 mil lempiras por el delito de extorsión, según lo dictaminado en una audiencia de estricta conformidad.
Asimismo, Rafael Juárez Zelaya fue condenado a 15 años de reclusión y una multa de dos millones quinientos mil lempiras por su participación en el delito de extorsión. Juárez Zelaya operaba principalmente en la ciudad de El Progreso, Yoro, donde amenazaba a sus víctimas con la muerte si no cumplían con el «Impuesto de guerra».
La captura de Juárez Zelaya ocurrió durante una operación realizada el 25 de mayo de 2022 por la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), justo en el momento en que recibía dinero proveniente de sus actividades delictivas.
En otra línea, el Ministerio Público presentó una solicitud para condenar a Cristhian Alberto Aguilar Jerezano a 25 años de reclusión por extorsión continuada y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido. Aguilar fue detenido el 6 de julio de 2019 en la colonia La Primavera en Choloma, Cortés.
Además, la FESCCO informó sobre la detención judicial de Luis Antonio Ramos Canales por el delito de extorsión, mientras que se notificó al equipo fiscal sobre la sentencia condenatoria contra Javier Oliver Perdomo por el mismo delito.
Por su parte, Nelson David Castillo, acusado de extorsión, permanecerá recluido en el Centro Penal tras ser denegada la solicitud de cambio de medida presentada por su defensa, considerando que se dilató el proceso durante un año.
Estos resultados marcan avances significativos en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado en el Valle de Sula, demostrando el compromiso de las autoridades en combatir este tipo de delitos y garantizar la seguridad de la población.
