Nuevas órdenes de captura en el caso «Narcopolítica II»: UFERCO continúa el escrutinio judicial
Honduras. En el marco del caso denominado Narcopolítica II, se han emitido nuevamente órdenes de captura contra la representante legal de la empresa INRIMAR, Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, y su hermana, la representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO), Irza Fané Pacheco Murillo. Estas órdenes surgen después de que, a pesar de gestionar una entrega voluntaria a través de sus defensas, ambas incumplieran y no comparecieran a la audiencia de declaración de imputado.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) bautizó a este caso como Narcopolítica II. La audiencia inicial, que se lleva a cabo desde ayer, ya contó con la participación de la exasistente de la gerencia técnica del Fondo Vial, Iris María Sarmiento Ferreira, siendo la primera imputada que se presentó ante los tribunales en relación con este caso.
Los implicados en este caso incluyen al exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el extitular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Goméz Gavarrete; y el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien enfrenta un proceso en Estados Unidos por narcotráfico.
La fase inicial de Narcopolítica II fue presentada el 13 de septiembre de 2023, acusando a 12 personas de participar en un esquema que facilitó el lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas a través de obras contratadas con el Estado hondureño, muchas de las cuales no se realizaron.
En esta nueva etapa, se suman a los anteriores implicados otras personas, entre ellas Nohelia Mercedes Pacheco Murillo e Irza Fané Pacheco Murillo, contra quienes se libraron las recientes órdenes de captura.
Los contratos otorgados a la empresa INRIMAR son el foco de las imputaciones tanto en Narcopolítica I, del 24 de mayo de 2019, como en esta segunda fase. Se evidenció que se favoreció a INRIMAR con la suscripción de 21 contratos por más de 68 millones de lempiras (L.68,326,690.55) inicialmente, y ahora se registraron otros 10 contratos por más de 50 millones de lempiras (L.50,786,654.12). Estos contratos se adjudicaron sin que INRIMAR cumpliera con los requisitos legales para contratar con el Estado, durante la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
En muchos casos, las obras no se realizaron, y las que sí se llevaron a cabo fueron objeto de sobrevaloración. La asignación de estos contratos tenía como objetivo, según la investigación, legitimar a la empresa INRIMAR para poder lavar dinero derivado del narcotráfico a través de instituciones gubernamentales. La trama involucra fraccionamiento de obras y decretos de emergencia emitidos bajo el pretexto de tormentas tropicales para la concesión de contratos. La UFERCO continúa trabajando para desentrañar los entresijos de este caso que ha afectado tanto la integridad de las instituciones como los recursos del Estado.
